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VENGANZAS,SECUESTROS,"7 TONELADAS de COCA" en LATAS de CHILES JALAPEÑOS,FUGAS y EJECUCIONES el ROSARIO de DELITOS contra el "CHAPO"

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Eran las dos y media de la madrugada del 8 de noviembre de 1992. Un grupo de sicarios ingresó a una discoteca llena de personas en Puerto Vallarta, Jalisco, en busca de venganza. Tomaron sus armas, y de acuerdo con información difundida en ese entonces, dispararon contra las luces del lugar antes de rafaguear a los integrantes de un cártel rival, cuyas cabezas eran los hermanos Arellano Félix.

Seis personas fueron ejecutadas. Los que dan seguimiento a la guerra contra el narcotráfico en México le atribuyen ese ataque a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", quien en ese entonces era un capo joven y buscaba vengarse de los hermanos Francisco Javier y Ramón Arellano Félix.

Ese suceso es parte hoy de los argumentos presentados por fiscales federales de Estados Unidos en Brooklyn en el caso contra Guzmán Loera.

Los fiscales aseguran que el ataque se dio en medio del intento de "El Chapo" por consolidar las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos para el cártel de Sinaloa en un memorando de noventa páginas presentado el 10 de abril ante la corte. El juicio contra "El Chapo" fue pospuesto hasta septiembre, pero el memorando establece un listado de delitos que los fiscales le imputan a Guzmán Loera aunque no los hayan detallado en la imputación formal.

Entre los delitos que le atribuyen se encuentran asesinatos, actos de tortura, secuestros, fugas de prisión y un intento de contrabandear siete toneladas de coca en latas de chiles jalapeños.

En los quince meses desde que Guzmán Loera fue enviado desde México a Nueva York su caso ha quedado reducido a tecnicismos sobre la legalidad de esa extradición y argumentos sobre las condiciones que enfrenta en la prisión de alta seguridad de Manhattan en la que se encuentra. Este documento del gobierno estadounidense, en tanto, es la primera porción detallada de evidencia que los procuradores planean presentar al jurado.

En otro apartado del memorando, las autoridades en Nueva York recuentan cómo en 2001, cuando Guzmán Loera estaba enfrentado con los Cárteles del Golfo y de "Los Zetas", "El Chapo" ordenó a sus pistoleros capturar y torturar a cualquier integrante de esos grupos rivales que pudieran encontrar. Algunos fueron llevados ante él "atados e indefensos", según el memorando, para ser interrogados. "En al menos un caso", dicen los procuradores, "fue el mismo acusado quien le disparó a los rivales a quemarropa y les ordenó a sus lacayos deshacerse de los cuerpos".

Nueve años después, indica el memorando, el Cártel de Sinaloa disputaba territorio con los Beltrán Leyva y "El Chapo" recibió noticias de que uno de los principales lugartenientes de esa organización, Israel Rincón Martínez, había sido secuestrado —era acusado del asesinato del hijo de uno de los lugartenientes de Guzmán Loera—. De acuerdo con el documento de los procuradores, Rincón fue llevado a varias propiedades de Guzmán Loera donde fue torturado e interrogado por el primo de "El Chapo", Juan Guzmán Rocha; aunque el capo de Sinaloa ordenó que no mataran a Rincón sino hasta que él llegara, el memorando dice que Rincón falleció antes de que eso sucediera.

Con anécdotas como estas el documento busca claramente presentar a Guzmán, de 58 años, como un hombre violento y calculador. Por ejemplo, el memorando destaca que en 2006 el Chapo aprovechó un descanso después de comer para mandar golpear a dos integrantes de "Los Zetas" a los que después mató con un tiro de gracia "disparado desde un arma larga". El documento después añade que "les ordenó a sus trabajadores cavar un hoyo, lanzar ahí los cuerpos y prenderles fuego".


Los procuradores también describieron a la corte que tienen imágenes satelitales de Guzmán Loera y su operación, libros de contabilidad del cártel que fueron confiscados, decenas de videos, miles de llamadas y correos interceptados y más de 300 mil páginas de diversos documentos. Puede que incluso tengan evidencia de pagos que hizo Guzmán Loera a sus abogados como "prueba de la riqueza inexplicable y los ingresos sustanciales del acusado".

Tres embarcaciones con 155 bidones, los cuales contenían aproximadamente 6 mil 200 litros de combustible, fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina en un estero de Chiapas. 

La gasolina, indicó la dependencia, se utiliza para abastecer a embarcaciones dedicadas al trasiego de cocaína que proviene de Centro y Sudamérica.

La Marina informó que las tres embarcaciones fueron halladas en el estero de Chocohuital, derivado de operaciones de vigilancia aérea y marítima.

Tres embarcaciones con 155 bidones, los cuales contenían aproximadamente 6 mil 200 litros de combustible, fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina en un estero de Chiapas. 

La gasolina, indicó la dependencia, se utiliza para abastecer a embarcaciones dedicadas al trasiego de cocaína que proviene de Centro y Sudamérica.

La Marina informó que las tres embarcaciones fueron halladas en el estero de Chocohuital, derivado de operaciones de vigilancia aérea y marítima.

El 10 de abril, tras una persecución en altamar, frente a las costas de Acapulco, Guerrero, elementos de la Marina dieron alcance a una embarcación con tres motores fuera de borda, que transportaba una tonelada de cocaína.

El hecho se desarrolló aproximadamente a 90 millas náuticas (165 kilómetros) al este del centro turístico, donde elementos navales adscritos a la Octava Región Naval detuvieron a cinco personas de nacionalidad mexicana a bordo de una embarcación tipo "Go fast".

La cocaína era transportada en 67 bultos.

En otra acción, aproximadamente a 200 millas náuticas (370 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero, los marinos avistaron a una embarcación menor a la deriva, sin tripulantes, ni equipo de propulsión, así como una vía de agua, lo que provocó que se hundiera.

La embarcación transportaba 51 bidones con aproximadamente 2 mil 500 litros de gasolina y que presuntamente serían utilizados para reabastecer a embarcaciones que realizan actividades ilícitas.

Así ha sido siempre. El dinero de la mafia circula en todas las campañas políticas, no existen controles por parte de los partidos y ni el INE, en este caso, tiene facultades para auscultar los recursos que manejan los partidos políticos y sus respectivos candidatos.
Desde tiempos lejanos, el narcotráfico ha decidido, como gran elector, quienes serían los gobernadores en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, por citar solo algunos de los territorios donde los partidos y el narcotráfico han sellado alianzas inseparables.

En Tamaulipas, por ejemplo, fueron entronizados en el poder, con la venia del narco, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. El primero fue financiado con dinero del cártel del Golfo; el segundo, con recursos de Los Zetas. Y a cambio entregaron el control territorial del estado, libre para el tráfico de drogas; también entregaron las prisiones. Fue en el gobierno de Hernández que Los Zetas manejaron todos los penales y ese control se extendió, tiempo después, a una veintena de entidades.

En Veracruz la historia no ha sido diferente. Muchos candidatos a presidentes municipales son miembros de Los Zetas y los actuales candidatos a gobernadores no lo ignoran. Pactan con ellos aunque sepan que son narcos. Es el caso también de Morelos, donde medio estado es gobernado por alcaldes narcos y Graco Ramírez –quien se asume impoluto aunque sea un vil corrupto –lo sabe y de sobra. El gobierna con el narco enquistado en el poder.

Nadie debe dudar de que el crimen organizado será el gran elector. Incluso desde el proceso electoral del 2012 este tema era un escándalo, sobre todo porque era un secreto a voces que el narcotráfico ha pagado las campañas de muchos candidatos, incluidos los abanderados a la presidencia de la República.

El doctor Edgardo Buscaglia, por ejemplo, uno de los expertos internacionales en la materia, dijo en 2012 que el 55% de las campañas en México estaban infiltradas por el narcotráfico. Y en la actualidad ese porcentaje subió y puede rayar en el 80%.
Lo dijo con estas palabras:

“La delincuencia organizada es una amenaza al sistema democrático y en la medida en que las bandas criminales imponen y capitalizan a candidatos, el problema de la espiral de violencia no termina”.

Y dijo más:

“Ante la situación de crisis política y de gobernabilidad que enfrenta México se debe actuar en cuatro ejes centrales: promover un modelo de prevención social del delito integral y adecuado; que la sociedad civil juegue un papel más serio y las leyes se generen por consenso y de acuerdo al beneficio social, no al interés político particular.

“Otro cara de la moneda de la delincuencia, que ha sometido a México en crisis de inseguridad humana, es el poderío de los cárteles de la droga legales, las empresas e instancias públicas y privadas que también generan beneficios a los líderes de la delincuencia y ante los que la voluntad ciudadana cede”.

Pero en México el narcotráfico es una de las actividades que se ha introducido en la vida política y en los partidos. En Guerrero, por ejemplo, familias completas cuyos miembros ya fueron alcaldes o regidores y que pertenecen a algún partido, son criminales: o son miembros del cártel de Sinaloa o bien de Los Rojos o Guerreros Unidos, las organizaciones que operan dentro y fuera de esa entidad.

Ellos imponen su ley –la del gatillo –y a sangre y fuego imponen a sus candidatos, ganan elecciones porque disponen de todo el dinero de la mafia para ello.

Ninguna autoridad hace nada para frenar este problema que devora al país, pues no les conviene desmantelar el andamiaje que han construido en décadas y que les permite mantenerse en el poder.

Bien lo afirma Edgardo Buscaglia: en México no existe la democracia ni se está construyendo, como se afirma. En México lo que existe es una mafiocracia, un Estado mafioso que sirve a los intereses de la llamada mafia del poder y a los grandes empresarios, otra ala del crimen organizado legal.

El poder criminal está tan presente en la vida pública que el obispo de la Diócesis de Chilpancingo, Guerrero,  Salvador Rangel, está dialogando con el crimen organizado para que ceda la violencia y para que no maten a los candidatos a puestos de elección popular.
Por ahora, el gobierno federal no ha dado a conocer ningún plan de acción para frenar la oleada de violencia y evitar que el 1 de julio se incendie el país. Lo que ordenaron fueron varios operativos –eso y nada es lo mismo –para contener la inseguridad en al menos veinte estados del país.

Pero como siempre ocurre, el gobierno deja hacer al crimen organizado su voluntad y nadie se apresta a amarrarles las manos a los mafiosos que, sin duda, influirán casi de manera decisiva en la elección presidencial del 1 de julio próximo.
La que viene será, sin duda, la gran narcoelección.
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