A 10 años de la muerte de Édgar Guzman hijo del Chapo a su ex esposa la sombra la sigue le descongelan su "lana" a la hora esposa de J.C Chávez

A 10 años del crimen de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, parece que a su entonces pareja y a su hija las persigue el estigma y la sospecha de parte de la autoridad federal.

Regresan a ex nuera de “El Chapo” cuentas bancarias

A pesar de que ella lleva casada años con el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez Carrasco, Tras la fuga de Guzmán Loera en julio de 2015, el gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la nieta y ex nuera de El Chapo.

Por considerar que pudieran “prestar ayuda” al capo, quien escapó dos veces de prisiones federales de máxima seguridad. En abril pasado, un Tribunal Colegiado de Mazatlán ratificó lo que un juez federal otorgó a Frida Muñoz Román y su hija Sofía: la protección de la justicia federal para desbloquear sus cuentas en tres firmas bancarias.

De acuerdo con los expedientes públicos del Consejo de la Judicatura Federal, fue el 25 de agosto de 2015 —mes y medio después de la fuga de Guzmán de El Altiplano— cuando la unidad de inteligencia, que se dedica a rastrear posibles actos ilícitos en el sistema financiero, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a tres bancos congelar las cuentas de Muñoz Román y su hija, menor de edad, bajo el argumento de que este recurso podría servir de apoyo a las operaciones del Cártel de Sinaloa.

El 22 de septiembre de ese año, mientras el gobierno rastreaba al capo en la zona serrana del noroeste del país, Frida Muñoz, quien fuera esposa de Édgar Guzmán —asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán—, interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, al considerar que el bloqueo de cuentas no era procedente.

En su demanda, inscrita bajo los números 800/2015-IV y su acumulado 851/2015-III, reclama a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Unidad de Análisis Financiero de la PGR, a la Secretaría de Gobernación y a los bancos Scotiabank Inverlat, BanRegio y Banco del Bajío el aseguramiento de cuatro cuentas, tres a nombre de Muñoz Román y la cuarta a nombre de su hija y ella como cotitular.

Se otorga el amparo. Al analizar el informe justificado de Hacienda, que fue la única entidad que respondió, el juez de amparo dijo que la autoridad responsable no informó debidamente a las afectadas del motivo para congelar sus cuentas, y además descartó que fuera suficiente presumir que con ese dinero se pueda cometer algún delito, puesto que para ello era necesario que la SHCP interpusiera denuncia formal ante el Ministerio Público federal.

“La lista de personas bloqueadas tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos”, señala el argumento presentado por Hacienda.

El tribunal de alzada señaló que la autoridad responsable no fundó ni motivó legalmente el acuerdo 52/2015 para ordenar el bloqueo, “por lo tanto, el actuar de la autoridad responsable se estima desacertado, ya que en todo caso si considera que las aquí quejosas incurrieron en la comisión de algún delito, debió haber presentado la denuncia ante el Ministerio Público de la federación”.

Al concluir, el juez otorgó la protección de la justicia federal a favor de Frida Muñoz Román y su hija, por lo que resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera dejara insubsistente el acuerdo de aseguramiento, así como sus derivados, haciendo extensivo el fallo a los bancos que mantienen las cuentas.

El proceso de garantías se alargó hasta febrero de 2018, debido a que el caso se fue a recurso de revisión en un Tribunal Colegiado de Mazatlán, que después de analizar el expediente ratificó el amparo concedido.