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De Zapopan a Guadalajara la extremada riqueza del CJNG

- mayo 21, 2018


La PGR no ha realizado en Jalisco ningún decomiso de bienes al crimen organizado desde el 2012, por lo que la estructura financiera del CJNG se mantiene sin cambios.

La riqueza que ha acumulado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa entidad federativa no ha recibido un solo golpe contundente de la Procuraduría General de la República (PGR) mediante acciones de extinción de dominio en los últimos cinco años.

Las únicas declaratorias de extinción de dominio sobre bienes del crimen organizado en Jalisco que ha podido obtener la PGR a través de su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) datan de los años 2011 y 2012, según un informe de la institución obtenido con el recurso de revisión RRA 7809-17.

Los registros de la PGR sobre acciones de extinción de dominio en el periodo 2009-2017 muestran que desde aquel año 2012 en que concluía el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la estructura económica criminal que está asentada en Jalisco no ha vuelto a sufrir un menoscabo con ese instrumento legal.

La SEIDO confirma que desde que entró en vigencia la Ley Federal de Extinción de Dominio en el 2009, únicamente ha concretado tres de estas demandas de forma exitosa sobre bienes que pertenecían a la delincuencia organizada que opera en el estado de Jalisco, y que pasaron al patrimonio del Estado mexicano.

El primer caso se remonta al 2011, cuando privó al crimen organizado de un inmueble valuado en 12.3 millones de pesos (mdp) en el municipio de Zapopan, los otros dos expedientes datan del año 2012. Ambos son de bienes en el municipio de Guadalajara: en uno se actuó sobre un par de inmuebles valuados en 1.9 mdp; y en el otro sobre un inmueble más tasado en 1.7 mdp.

Durante los años en los que la SEIDO no efectuó más extinciones de dominio en Jalisco, el CJNG emprendió un proceso de expansión de la mano de su brazo financiero, Los Cuinis, hasta ser considerado ahora como una de las organizaciones delictivas de mayor fortaleza en todo el país.

DOBLE INEFICACIA

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no es la única instancia de la PGR que promueve acciones de extinción de dominio contra las organizaciones delictivas, esa tarea la comparte con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, pero ésta nunca ha concretado una de estas demandas en Jalisco, entidad donde ha sentado sus reales el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este pobre desempeño de la PGR en materia de combate a la estructura financiera del CJNG, se ve replicado en el ámbito local por la Fiscalía de Jalisco, que de igual forma poco ha hecho para minar la riqueza de ese grupo delictivo, y su emporio empresarial en el estado de al menos 73 compañías, según lo ha expuesto el Departamento del Tesoro estadounidense.

La Fiscalía de Jalisco ha reconocido que aunque la figura de extinción de dominio ha estado a su disposición desde 2009 no ha podido concretar una sola de forma exitosa en todo este tiempo, por lo que el único avance que arroja es la promoción de cuatro demandas -dos en 2016 y dos en 2017-, todas en trámite.

Pese a que la base económica del CJNG se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos cinco años, el subprocurador Alberto Elías Beltrán, en suplencia del titular de PGR, dijo esto el 30 de abril, luego de anunciar que se habían detenido a 23 presuntos miembros de ese cártel entre el 15 de marzo a esa fecha.

“La PGR, en coordinación con las instituciones que conforman el gabinete de seguridad como la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal y el Cisen, así como las secretarías de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México, ha buscado el debilitamiento de este grupo criminal con la captura de probables integrantes que, derivado de la investigación e inteligencia, han dado golpes contundentes para la parte operativa, financiera y logística de la organización”.

SALDOS DE LA EXTINCIÓN

La PGR ha podido arrebatarle a los grupos delictivos del país bienes por 301 millones de pesos y 3.3 millones de dólares a través de 56 acciones de extinción de dominio en todo lo que lleva de vigencia este instrumento desde 2009 y hasta 2017, y al considerar lo hecho tanto por la SEIDO como por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

En este tiempo la PGR concretó la extinción de dominio sobre 44 inmuebles de la delincuencia, 7 vehículos y 27 casos referentes a sumas de dinero. En 28 demandas el ilícito cometido fue delincuencia organizada; en 22 delitos contra la salud; en 3 trata de personas; y en 3 secuestro.
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